
Hace ya un tiempo que estoy percibiendo, como resultado de una investigación que hemos realizado sobre filantropía y género en América Latina, varias señales de alarma en el campo de la filantropía institucional en nuestra región. Son señales simplemente, ya que aún no se hallan publicaciones sistemáticas. Lo malo es que, generalmente, las señales terminan siendo políticas institucionales, aunque no estén declaradas.
Una primer cuestión que quiero abordar se refiere a la legalidad de los movimientos y organizaciones sociales, lo que en la jerga filantrópica suele llamarse el “marco regulatorio”. Hemos visto en la investigación mencionada que ha habido un crecimiento importante durante la última década de nuevas organizaciones que trabajan por los derechos de las mujeres en la región, muchas de ellas feministas. Pero cuando observamos su formato legal, resulta ser que más de un 37% no están registradas jurídicamente. En el caso de Brasil, este número trepa hasta un 56%.
Los motivos aducidos de esta nueva informalidad organizacional responden a diversas circunstancias, entre ellas:
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Las dificultades burocráticas, tiempos y costos que significa el registro jurídico en la gran mayoría de los países.
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La búsqueda de nuevas maneras más informales, flexibles, horizontales, democráticas y autónomas de actuar desde una perspectiva organizacional.
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El avance de un enfoque “descolonizador” que cuestiona las formas en que los feminismos se han organizado en décadas pasadas -principalmente bajo la forma de ONGs- emulando los modelos del Norte.
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El deseo de muchas organizaciones de “escapar” del control estatal no aceptando las formas jurídicas establecidas.
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La persistencia del clivaje entre “estatalistas” y “autónomas”, quizás acentuado más aún con la entrada en juego de una nueva generación de feministas jóvenes.
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El surgimiento del llamado “feminismo popular” (fábricas recuperadas, asambleas populares, movimientos de desocupados, colectivos ambientalistas) que nace como producto de la feminización de la resistencia contra las políticas neoliberales en los años noventa.
Este conjunto de motivaciones quizás nos esté hablando de un proceso de desinstitucionalización de la sociedad civil latinoamericana, o para usar nuevamente la jerga, de “desoenegización”. Si esto fuera así, ello podría explicar las dificultades crecientes para el financiamiento de las organizaciones y grupos al no poder acceder a calificar como “donatarias”. Esta hipótesis se ve abonada por otro dato que surge de la investigación de fundo ELAS+ mencionada: la gran mayoría de las organizaciones se financia primordialmente en base al trabajo voluntario, las pequeñas donaciones individuales de sus miembros y diversas estrategias de recaudación local como eventos y venta de productos.
La llamada “oenegización” de los años 1980-1990 implicó no solamente la formalización jurídica de muchas organizaciones sino también una mayor “especialización técnica”. Esto amplió, según Sonia Alvarez (1998 y 1999)1 la capacidad de actuación de las organizaciones, y al mismo tiempo las empujó para la prestación de servicios más próxima de las prácticas de ejecución de las políticas públicas, alejándolas de las acciones de educación popular y otras actividades de movilización social y promoción del debate sobre la estructuración de las desigualdades de género. Esta dinámica debilitaría el carácter más propiamente activista de las organizaciones y las haría perder capacidad reivindicativa y de control crítico de las políticas de los gobiernos.
De continuar esta tendencia, estaríamos en presencia de una transición importante del movimiento social feminista y de mujeres en la región, que implicaría una mayor diversidad de formas organizativas en aras de no “burocratizarse”, el surgimiento de nuevas narrativas, una ampliación de las agendas temáticas, así como de sus formas de expresión, con un fuerte acento cultural y una presencia más extendida en la internet. Y en consecuencia, nuevos desafíos para obtener flujos de recursos de la filantropía institucional.
Ser o no ser una ONG pasa así a ser un dilema de múltiples contornos y no necesariamente el camino a recorrer por los colectivos, colectivas, grupos y otras iniciativas.
La segunda cuestión sobre la cual quiero llamar la atención tiene que ver con las formas de “hacer” de las entidades filantrópicas, principalmente de aquellas que son donantes de recursos financieros. Nuestra investigación mencionada sacó a la luz, a través de encuestas y testimonios, el creciente proceso de burocratización administrativa, la escasa transparencia y las trabas de los procesos de toma de decisiones.
Los fondos disponibles son escasos y los obstáculos son muchos: formularios complicados -muchas veces en idiomas no accesibles fácilmente-, constancia de personalidad jurídica vigente, presentación de balances contables auditados, exigencia de contrapartida, cuenta bancaria institucional, por nombrar los más relevantes. Dada la informalidad de las “nuevas” organizaciones, estos requisitos son muy difíciles de cumplir y, por lo tanto, el acceso a ellos es cada vez más distante. Así, la brecha entre los recursos disponibles y la demanda de las organizaciones tiende a agrandarse.
A ello se suma la escasa claridad de las líneas programáticas para las solicitaciones. Bajo principios y declaraciones muy generales, suele esconderse la discrecionalidad de los funcionarios para adoptar decisiones de financiamiento. Los testimonios recogidos dan cuenta que no solo es muy difícil entrar en contacto con las personas responsables de decidir sobre los financiamientos, sino que también muy poco frecuentemente hacen explícito porque han apoyado a un proyecto y no a otro de características similares. Hay quienes sostienen que la procuración de fondos es antes que nada la “procuración de relaciones”. Si estas no pueden construirse, los fondos difícilmente lleguen. Para ello hay que dedicarles tiempo y capacidades, pero ¿quién las tiene?
En añadidura, es notorio observar dentro de las instituciones filantrópicas la presencia de innumerables funcionarios que buscan cambiar este status quo y hacer que “las cosas funcionen”. Pero por más esfuerzos que hagan, finalmente se encuentran con las trabas institucionales ambiguas que argumentan que “no es el momento oportuno”, “hay que hacerlo de forma más estratégica”, “podemos ampliar el alcance”, “no está claro el impacto” y otra serie de razones que hacen que tales iniciativas vayan al bote de los residuos.
En los tiempos en que trabajé en una gran fundación donante, solíamos decirnos entre colegas, frente a estas circunstancias, es mejor pedir disculpas luego de hacer las cosas que pedir permiso para hacerlas. Pareciera que hoy en día no se aceptan más disculpas y solo se requieren permisos. Así, hacer o no hacer, no es simplemente una pregunta retórica, sino que habla de la calidad de las instituciones frente a las responsabilidades que enfrentan.
Andrés Thompson
Asesor Senior de ELLAS-Mujeres y Filantropía
Octubre 2022
1 ALVAREZ, Sonia E. Feminismos e antirracismo: entraves e intersecções: Entrevista com Luiza Bairros, ministra da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial (Seppir). Rev. Estud. Fem., vol. 20, no3, Florianópolis, dec. 2012, pp.833-850. También: ALVAREZ, S. Para além da sociedade civil: Reflexões sobre o campo feminista. Cadernos Pagu, n. 43, p. 13-56, 2014. http://doi.org/10.1590/0104-8333201400430013